Mientras los organismos de control y los sectores oficialistas mantenían una postura de inacción, tres legisladores liberales —el senador Ever Villalba y los diputados Adrián Billy Vaesken y Diosnel Aguilera Rojas— impulsaron las primeras denuncias formales en el Congreso sobre las irregularidades financieras en UENO Bank.
Su labor consistió en la presentación de pedidos de informes, alertas legislativas y acciones legales que posteriormente derivaron en investigaciones del Ministerio Público y procesos de control político.
Ever Villalba encabezó como principal impulsor la ampliación de una denuncia de 42 páginas presentada ante la Fiscalía, la cual involucró al entonces presidente Santiago Peña, a las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y a los responsables de mantener fondos públicos en la entidad. La presentación requirió indagar si el supervisor tenía conocimiento de créditos a empresas vinculadas por G. 743.784 millones y de una venta de cartera por USD 74,4 millones catalogada por el área técnica del BCP como “operación prohibida”. Asimismo, la denuncia advirtió que al 30 de septiembre de 2026 UENO concentraba G. 3,6 billones y USD 233,4 millones en depósitos estatales. Tras esta presentación, la Fiscalía derivó el expediente a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, resultando en la imputación del exmandatario y exdirectivos del BCP.
Por su parte, el diputado Adrián “Billy” Vaesken sostuvo desde el inicio que la oposición había advertido sobre las condiciones normativas que permitieron la colocación de fondos previsionales, señalando el impacto de la ley de la Superintendencia de Jubilaciones y el uso del Fondo de Garantía de Depósitos. Vaesken promovió el pedido de juicio político contra el entonces presidente Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, cuestionando el manejo de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y las operaciones de crédito del banco. Su rol derivó en su designación por la Cámara de Diputados como uno de los fiscales acusadores para sostener el libelo ante el Senado, donde expuso observaciones sobre conflictos de intereses, el manejo de recursos del IPS y la superación de límites legales en créditos a empresas vinculadas.
En paralelo, el diputado Diosnel Aguilera Rojas respaldó las exigencias de control y responsabilidades institucionales desde el inicio de la crisis financiera. Durante las deliberaciones del Comité Político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Aguilera manifestó públicamente que existían argumentos y razones institucionales para avanzar hacia un juicio político, sintonizando con los reclamos ciudadanos respecto a la salvaguarda de los fondos públicos.
Las acciones conjuntas de estos legisladores y otros sectores de la oposición trasladaron las denuncias del ámbito parlamentario a las instancias judiciales y políticas, configurando los expedientes de investigación sobre el Banco Central del Paraguay y los procesos constitucionales que afectaron la continuidad de las autoridades del Poder Ejecutivo involucradas.
