La ampliación de la denuncia presentada por los diputados en el marco del resonante caso Ueno Bank ha colocado directamente bajo la lupa el rol de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y de su titular, Liliana Alcaraz (hermana del titular de la Secretaría de Inteligencia, Marcos Alcaraz), cuestionando duramente la falta de controles y la inacción institucional ante flagrantes señales de alerta financiera.
Mientras las sospechas sobre un manejo negligente se profundizan, el documento presentado ante la Fiscalía desnuda cómo las autoridades competentes optaron llamativamente por mirar hacia otro lado frente a operaciones dudosas y retiros anticipados que beneficiaron a un sector privilegiado antes del colapso.
El escrito detalla que la Seprelad, junto con los organismos de control del Estado, desatendió las advertencias tempranas sobre la precaria situación de la entidad. Las alarmas técnicas sobre excesos financieros con empresas vinculadas comenzaron a sonar con fuerza a principios de 2026, y para abril de ese año las irregularidades ya eran de conocimiento de la cúpula económica, incluyendo al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. Pese a este escenario crítico que involucraba gigantescos fondos públicos depositados por instituciones como el Instituto de Previsión Social (IPS), la Itaipú Binacional, la Entidad Binacional Yacyretá y el Ministerio de Economía, la Seprelad y los entes supervisores omitieron activar los mecanismos de prevención y control que correspondían por ley.
La investigación fiscal subraya que, en medio de las alertas sobre déficit de solvencia y operaciones financieras prohibidas —como la venta de una cartera de tres empresas a Vinanzas S.A. por valor de US$ 74,4 millones financiada con préstamos del propio Ueno—, el sistema permitió que la entidad continuara operando con total normalidad y captando dinero nuevo del público entre octubre y noviembre mediante agresivas campañas de reintegros de hasta el 50%. Los legisladores exigen que la justicia investigue a fondo la responsabilidad de las autoridades de control, incluida la Seprelad, para determinar si la inacción y el retraso de más de 50 días en iniciar sumarios administrativos respondieron a una deliberada connivencia que facilitó vaciamientos, retiros anticipados y un descomunal perjuicio a los fondos del Estado que superaban la garantía legal de G. 228,3 millones por depositante.
