El Ministerio Público dejó fuera de su foco de investigación a la actual ministra de la Juventud, Salma Agüero, a pesar de que adquirió una costosa propiedad perteneciente a Eddie Ramón Jara Rojas cuando apenas tenía entre 20 y 21 años de edad.
En junio de 2021, la hoy alta funcionaria concretó la compra de un inmueble en San Bernardino por la suma de G. 450 millones, monto abonado en efectivo y que sobrepasaba ampliamente sus posibilidades financieras, dado que en ese momento registraba una remuneración mensual de tan solo G. 4 millones. Pese a esta notoria inconsistencia, la Fiscalía no requirió a Agüero la justificación ni la acreditación del origen de los fondos utilizados para concretar dicha adquisición.
El caso tomó relevancia mediática e institucional tras revelarse detalles de la imputación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), causa penal tramitada por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción que atribuye a Jara un patrimonio no justificado de aproximadamente G. 5.399 millones.
Si bien la propia agente fiscal Yeimy Adle admitió que la operación fue incluida formalmente en el escrito de imputación contra el extitular de la petrolera estatal y su exesposa, Karina Otazú —procesada por lavado de dinero—, la fiscalía limitó sus diligencias a rastrear únicamente la ruta del dinero de Jara y el cheque bancario cobrado por Otazú, absteniéndose de abrir una pesquisa paralela o requerir explicaciones financieras a la ministra Agüero por la millonaria transacción.
Fuente: AM_1080
