El Ministerio Público confirmó este sábado la imputación formal en contra del presidente de la República, Santiago Peña, por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de una causa que también alcanza al ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carballo.
Por Diana Centurión (dianacenturionm)
Durante una conferencia de prensa realizada por la fiscal adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Nancy Salomón, acompañada por el agente fiscal Christian Benítez, las autoridades informaron que la investigación se inició tras una orden de captura librada el día previo y que derivó en la comparecencia del mandatario para su declaración indagatoria, instancia en la cual ejerció su derecho constitucional a la defensa.
Para asegurar el desarrollo del proceso y precautelar la seguridad ante eventuales disturbios, la diligencia se llevó a cabo en la sede de la Fiscalía General del Estado, una medida adoptada debido a que las oficinas de la unidad especializada no cuentan con la infraestructura necesaria para este tipo de procedimientos. Los fiscales explicaron que el equipo de trabajo se constituyó en las instalaciones del Banco Central del Paraguay, donde procedieron a la incautación de documentos clave que sustentan la sospecha sobre la comisión de los ilícitos investigados, los cuales contemplan marcos penales de hasta diez años de pena privativa de libertad tanto para la lesión de confianza en su modalidad agravada como para la administración en provecho propio.
Ante el concurso eventual de hechos punibles y los elementos probatorios ya incorporados a la carpeta fiscal tras numerosas diligencias realizadas en los últimos dos días, la representación fiscal requirió al juzgado la aplicación de medidas cautelares de carácter patrimonial y personal, solicitando formalmente la prisión preventiva, la inhibición general de vender y gravar bienes, así como el congelamiento de activos de los procesados con el objetivo de garantizar la eventual recuperación de perjuicios patrimoniales que se determinen en el transcurso de las pesquisas.
