El fiscal Silvio Corbeta se refirió al proceso judicial que enfrenta el ex intendente Miguel Prieto, aclarando detalles sobre la desestimación y las acusaciones en torno a las contrataciones.
Explicó que la empresa seleccionada por el intendente Miguel Prieto era la más cara, pero gracias a la denuncia realizada por el exconcejal Celso «Kelembú» Miranda y la protesta posterior de los demás proveedores ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se logró la anulación del pago, evitando así que la municipalidad pague un precio mucho mayor por el mismo servicio.
Respecto a los cuestionamientos sobre los dichos de Prieto de denunciar a testigos, el fiscal indicó que calificar las declaraciones como amenazas o tomar medidas disciplinarias queda a consideración del tribunal, señalando que los testimonios de personas clave como Celso Miranda son trascendentales para el juicio.
En cuanto a las salidas procesales, aclaró que varios procesados, admitieron los hechos en casos como Tía Chela y Tachero, enfatizando que la suspensión condicional del procedimiento exige obligatoriamente la admisión de los hechos y no solo una admisión formal.
Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, la intendencia de Ciudad del Este, bajo la administración de Miguel Prieto, adquirió cerca de 25.000 kits de víveres para asistir a familias en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, este proceso derivó en el caso judicial conocido como “Tía Chela”, una causa por supuesta corrupción que investiga un presunto esquema de compras ficticias o sobrefacturadas e involucra al exjefe comunal junto a otras diez personas.
