DEFENSORES PÚBLICOS EN CAMPAÑA POLÍTICA: LA LEY LO PROHÍBE PERO SE FOTOGRAFIAN SONRIENTES CON CANDIDATO

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La balanza de la justicia parece inclinarse peligrosamente hacia la arena política. El defensor adjunto Édgar Ríos y los defensores públicos Martín Muñoz, Carlos Arce y Leila Centurión decidieron dejar de lado lo establecido en la ley para sumarse con una sonrisa de oreja a oreja a un acto proselitista.

Los funcionarios participaron del denominado “padronazo” organizado en favor de Enrique Berni, quien busca su «rekutu» (la reelección) en el Consejo de la Magistratura. Lejos de mantener la reserva que exige su alto cargo, posaron para las cámaras del Movimiento Renovación Gremial, que no tardó en blanquear la visita en sus redes sociales como un trofeo de apoyo político.

Sin embargo, la ley es tajante y no deja lugar a interpretaciones creativas. La Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública prohíbe explícitamente a sus integrantes participar en actividades de esta naturaleza, sin importar si el encuentro se realiza a puertas abiertas o en la más estricta intimidad. Jueces, fiscales y defensores públicos tienen el deber constitucional de mantenerse al margen de cualquier campaña electoral para cuidar la credibilidad de sus instituciones.

La razón de esta prohibición es clara y busca evitar viejas prácticas: proteger la independencia judicial. Aunque la Corte Suprema ya había retirado a estos operadores del padrón de votantes justamente para frenar estas situaciones, las costumbres arraigadas persisten. Muchos buscan congraciarse con figuras influyentes del Consejo de la Magistratura con la esperanza de recibir un empujón en futuras ternas para cargos de mayor jerarquía, tal como ocurrió recientemente con Édgar Ríos, quien integró una terna para camarista en Asunción.

Ahora, todas las miradas apuntan al defensor general, Javier Esquivel. Con el reglamento en la mano y previo dictamen del Tribunal Disciplinario, tiene la potestad de aplicar sanciones que van desde una amonestación verbal hasta suspensiones sin goce de sueldo o incluso la destitución. La ciudadanía y la propia institución esperan una señal firme para que la toga y la política vuelven a tomar caminos separados. 

Fuente: Observapy 

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