Una auditoría de la Contraloría General de la República (Dictamen DGCCP N° 06/2026) reveló graves irregularidades en la Licitación Pública Nacional N° 07/26 del Instituto de Previsión Social para adquirir medicamentos oncológicos y autoinmunes. El IPS endureció arbitrariamente los requisitos técnicos del pliego para limitar la competencia y favorecer a un grupo reducido de proveedores.
El caso se originó tras la denuncia de la firma BIOTENG S.A. por modificaciones inconsultas en las exigencias para el fármaco Rituximab. Inicialmente, el Consejo de Administración aprobó un pliego ajustado a la DINAVISA y la Ley N° 7256/24 (Resolución C.A. N° 015-018/2026). Sin embargo, mediante la Resolución C.A. N° 020-005/2026, elevó la valla documental para productos importados exigiendo un doble registro y doble certificación de buenas prácticas limitadas a cinco agencias, excluyendo a organismos reconocidos como los de Japón, Suiza o Australia.
La Gerencia de Abastecimiento y Logística, a cargo de Cecilia Rodríguez, dio curso a los requisitos restrictivos sin cuestionar su falta de sustento técnico ni advertir la distorsión del proceso. Para justificar los cambios, el Departamento de Licitaciones argumentó falsamente que cumplía instrucciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). La Contraloría constató que la DNCP jamás exigió tales restricciones y que, por el contrario, recomendó flexibilizar exigencias para garantizar la concurrencia.
Ante la auditoría, el IPS no presentó dictámenes científicos que justificaran la exclusión de mercados, evidenciando una vulneración de los principios de la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas. El ente contralor recomendó a la máxima autoridad del IPS abrir una investigación administrativa para identificar y sancionar a los responsables de direccionar esta compra de más de 400.000 millones de guaraníes.
