La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, bajo la presidencia del ingeniero Juan Carlos Duarte Duré, quedó envuelta en una severa controversia tras concretar dos decisiones clave que benefician directamente al entorno del Grupo Vázquez, holding controlador de Ueno Bank.
A fines de octubre, el ente regulador movilizó G. 70.000 millones de fondos públicos provenientes de instituciones financieras sin problemas como el Banco Nacional de Fomento e Interfisa, para depositarlos en Ueno Bank a escasos días de que el Banco Central del Paraguay iniciara su proceso de resolución. Aunque desde la administración oficial argumentan que la maniobra obedeció a la búsqueda de mejores tasas de interés basándose en planillas del BCP, el propio gerente administrativo de Conatel, Germán Escurra, admitió que la recuperación de dicho capital —que representa cerca del 15% de los recursos de la entidad— resulta altamente improbable. La justificación técnica soslayó además las alertas previas vertidas en el informe Rivarola y por la Superintendencia de Bancos, las cuales ya documentaban irregularidades en el otorgamiento de créditos vinculados, la venta de cartera a Vinanzas y un evidente deterioro en la solvencia del banco.
De manera paralela a la crisis financiera, el directorio liderado por Duarte Duré adjudicó la licitación de la banda de 3.500 MHz (tecnología 5G) a la firma Nubicom Paraguay S.A., identificada como parte del mismo conglomerado empresarial de Ueno. A pesar de los señalamientos públicos respecto a la procedencia y los vínculos de la empresa, y de las sugerencias formuladas por la Contraloría General de la República para evaluar la extinción de la licencia, Conatel optó por abrir un sumario administrativo recién tras la colapsada situación del banco. Sin respuestas oficiales exhaustivas sobre el análisis de riesgo realizado antes de transferir el dinero público ni sobre los criterios de adjudicación del espectro radioeléctrico, el escenario aguarda la intervención e investigación rigurosa del Ministerio Público.
