El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado del Primer Turno, bajo la firma de la jueza Sandra Noelia Kirchhofer González, resolvió hacer lugar al incidente de tutela jurisdiccional presentado por la defensa técnica del condenado Ramón Mario González Daher, ejercida por las abogadas María Gloria Núñez y Karina Rocca.
A través del Auto Interlocutorio N° 495, con fecha 10 de noviembre de 2026, la magistrada dispuso el traslado del interno del módulo 7 al módulo 2 en el Centro Penitenciario de Reinserción Social «Martín Mendoza» de Emboscada, argumentando razones humanitarias, su avanzada edad, su condición de salud y la proximidad de dicho sector a la sanidad del penal.
La acción de la defensa se sustentó en un deterioro severo y progresivo de la capacidad visual de González Daher —de 75 años de edad—, calculada preliminarmente en un 40% de pérdida de visión. Asimismo, el reclamo incluyó cuadros de hipertensión arterial, diabetes tipo 2, cardiopatía hipertensiva, fibrilación auricular crónica y complicaciones respiratorias recientes de sospecha neumónica identificadas por peritos forenses del Poder Judicial. La defensa también objetó las condiciones de iluminación artificial permanente durante la noche en el módulo 7 y la restricción absoluta del régimen de visitas para sus tres nietos menores de edad.
En su decisión, la jueza remarcó que las evaluaciones técnico-criminológicas del recinto clasifican a González Daher con un perfil de bajo riesgo y de seguridad mínima o media, sin registrar antecedentes de indisciplina interna. Por ende, el juzgado fundamentó que su reubicación al módulo 2 no configura un privilegio ni una flexibilización injustificada de la condena de 15 años de prisión, sino una medida preventiva y de protección de la salud compatible con la dignidad humana y los estándares de ejecución penal.
El fallo ordena de manera imperativa al Ministerio de Justicia, a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y a la dirección del penal «Martín Mendoza» dar cumplimiento efectivo e íntegro a la tutela jurisdiccional (en consonancia con el A.I. N° 408 del 10 de setiembre de 2026). Esto abarca garantizar el control médico continuo, el suministro oportuno de la medicación, una alimentación adecuada y las consultas oftalmológicas especializadas externas. La magistratura estableció un plazo perentorio de 24 horas para que las autoridades penitenciarias informen sobre el traslado y las medidas adoptadas, bajo apercibimiento explícito de remitir los antecedentes al Ministerio Público por desacato en caso de incumplimiento.
