La jueza penal de Garantías, Cinthia María Garcete Urunaga, resolvió la suspensión total del proceso penal que pesaba sobre la empresaria e influencer Ana Kim Jang —conocida popularmente como “Ana Coreana”—, su hermana Elizabeth Kim Jang y otros directivos de la firma K & K Shopping’s S.A.
Con esta decisión, la magistrada no solo frenó la causa, sino que dejó expuestas las graves falencias y contradicciones de una imputación fiscal que desde el principio fue duramente cuestionada por la defensa.
El conflicto se originó en una feroz disputa societaria por el control de la empresa propietaria del conocido Shopping París y del Edificio Shopping Bonita Kim, ubicados en Ciudad del Este. La investigación del Ministerio Público, impulsada originalmente por el fiscal Osvaldo Zaracho Romero, había puesto en la mira a la familia Kim junto con los directivos Namjun Kwon, Antonio Ramón Galeano Vega y Alexis Florentín Gauto. La Fiscalía los había procesado por supuestos hechos punibles de apropiación, lesión de confianza, estafa y producción de documentos públicos de contenido falso, apuntando a una presunta maniobra de despojo accionario.
El relato inicial de la fiscalía se centraba en dos puntos clave. Por un lado, mencionaba un acuerdo de mayo de 2025 para el rescate de acciones por un valor de 32.075 millones de guaraníes —con montos específicos de 3.207,5 millones destinados a Hsiao Hua Wang y 28.867,5 millones a Rosana Ming Kao—, dinero que según la denuncia original nunca fue entregado a las socias a pesar de existir papeles de retención. Por otro lado, la fiscalía cuestionaba aumentos de capital realizados entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 por un total de 38.500 millones de guaraníes, operaciones que elevaron la participación accionaria de Ana Kim del 50% al 61% y luego al 71%, reduciendo la de las denunciantes Hsiao Hua Wang y Rosana Ming Kao del 50% al 39% y posteriormente al 29%. El Ministerio Público argumentaba que dichos aportes carecían de respaldos bancarios y que las convocatorias a asambleas se habían hecho de forma irregular a través de la Gaceta Oficial.
Sin embargo, el equipo jurídico de los afectados demostró ante la justicia lo absurdo que resultaba intentar aplicar medidas coercitivas y sanciones penales sobre supuestos conflictos comerciales y de índole estrictamente societaria cuya validez ni siquiera estaba definida en el fuero correspondiente. Al hacer lugar a la cuestión prejudicial planteada por la defensa, la jueza Cinthia María Garcete Urunaga ordenó el cese de todo el proceso penal, evidenciando que la vía penal no puede ni debe ser utilizada para presionar o resolver disputas entre socios de empresas, dando un respiro definitivo a los directivos procesados.
