La Universidad Sudamericana (UNISUD) no nació bajo el ala del prestigio académico, sino bajo la sombra de la sospecha y el poder del dinero sucio. Aunque hoy intenta proyectar una imagen de excelencia en formación médica, su árbol genealógico está manchado por la sangre y la influencia de los capos más temidos de la frontera.
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Fundada en 2008 por el brasileño Carlos Bernardo, la institución experimentó una metamorfosis siniestra en 2015, cuando el «rey de la frontera», Jorge Rafaat Toumani, inyectó un capital de origen dudoso para tomar el control total de la casa de estudios. En ese periodo de expansión financiado aparentemente por recursos no muy transparentes, la universidad buscó desesperadamente un barniz de legalidad, reclutando a figuras de alto perfil político y jurídico como Euclides Acevedo y Óscar Rodríguez Kennedy para ocupar cargos de rectoría y decanato.
Sin embargo, el barniz se resquebrajó en junio de 2016, cuando el narco Rafaat fue acribillado en una emboscada cinematográfica. Tras su muerte, la gestión de la universidad no retornó a la normalidad, sino que cayó en la órbita de Jarvis Chimenes Pavão a través de su abogada, la asesinada Laura Casuso, antes de volver a manos de Bernardo y ser vendida finalmente al Grupo Internacional Élève.
La irregularidad no fue un accidente en su camino, sino su pecado original. La ley que le dio vida, la Nº 3.883 del año 2009, fue aprobada por el Congreso y promulgada por el entonces presidente Fernando Lugo a pesar de la resistencia técnica del Consejo de Universidades. El organismo regulador de la época había advertido sobre «inconsistencias totales» en las mallas curriculares y una infraestructura fantasma en su sede de Luque.
Ignorando estas alertas rojas, el poder político blindó la creación de lo que pronto se convertiría en una «fábrica de títulos» exprés. Para 2013, la UNISUD ya operaba con una eficacia asombrosa para los amigos del poder: estudiantes como el concejal cartista Nasser Esgaib Ortega, hijo del diputado Yamil Esgaib, y Julio Rolando González Giménez, alias “Bollo” —vinculado a casos de falsificación documental—, lograron obtener sus títulos de abogado en apenas tres años, cuando el programa legal exige cinco.
Esta anomalía no pasó desapercibida para un grupo de senadores que en 2014 intentó derogar la ley de creación de la universidad, pero el proyecto fue condenado al olvido en los cajones del Senado, permitiendo que la maquinaria de títulos siguiera funcionando.
El escándalo alcanzó su punto de ebullición con el caso del senador cartista Hernán David Rivas Román, cuya trayectoria académica desafía las leyes de la lógica y la burocracia. Acusado por la fiscalía, Rivas habría logrado registrar su título ante el Ministerio de Educación en un tiempo récord de 4 horas y 16 minutos, una proeza imposible para cualquier ciudadano común, considerando que el trámite normal demora hasta ocho meses.
Mientras Rivas sostiene que defendió su tesis en 2016, los registros de la Corte Suprema sitúan su egreso en 2020, un año en el que la carrera de Derecho ya figuraba como cerrada e inhabilitada. El patrón de «eficiencia» se repite en su círculo íntimo: su esposa, Elena Elizabeth Escobar, también egresó de la misma institución meses antes que él, mientras se desempeñaba como funcionaria en la Contraloría General.
Con 403 pedidos de registro de títulos de abogado entre 2013 y 2022, de los cuales cientos ya juraron ante la Corte, la Universidad Sudamericana queda expuesta no solo como un centro educativo fallido, sino como un engranaje clave en un esquema de legitimación de poder político cimentado sobre un pasado de capitales del narco.
Nota de: la Megacadena/ 780AM
