Durante tres años, los datos clave sobre cómo el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset lavó millones de dólares a través de empresas vinculadas al extinto ueno bank durmieron en los archivos del Ministerio Público. Aunque la propia Fiscalía tuvo en sus manos las pruebas de estas maniobras desde 2023, la investigación quedó inconclusa y nunca avanzó sobre esa pista financiera.
La historia de este expediente incompleto comienza el 24 de febrero de 2022. En aquella fecha, Miguel Vázquez —extitular de ueno bank, quien hoy se encuentra imputado y en prisión— envió una nota a la Fiscalía con la intención de despegarse del operativo A Ultranza Py. El documento pasó prácticamente desapercibido para los investigadores, a pesar de que el empresario admitía allí haberle comprado un yate de lujo a Alberto Koube Ayala, considerado la mano derecha de Marset y hoy condenado por la Justicia.
En su escrito, Vázquez intentó presentarse como un comprador de buena fe y negó cualquier lazo con la estructura criminal. Detalló que en junio de 2018 firmó un contrato con el Grupo Tapyracuai SA —firma de Koube que representaba y distribuía oficialmente en Paraguay a la marca italiana Azimut— para mandar a construir a pedido un yate modelo Azimut AZ62, de 62 pies (19 metros), bautizado como Zeus y terminado en Brasil en agosto de 2019. Para respaldar la legalidad de la compra de la embarcación actualmente incautada, aseguró que los pagos se realizaron íntegramente por el sistema bancario y que las pólizas de seguro estaban a su nombre.
Sin embargo, exactamente un año después de aquella nota, el 23 de febrero de 2023, la propia acusación fiscal del caso A Ultranza Py dejó al descubierto una trama financiera mucho más profunda entre Koube y el conglomerado de la familia Vázquez. El documento confirmó que el 11 de noviembre de 2021, el operador de Marset depositó G. 10.000 millones en la firma IOIO Saeca (que luego se convirtió en Ueno Holding) bajo el concepto de una supuesta «inversión», respaldada mediante un contrato firmado a través del Grupo Tapyracuai.
Para justificar el origen de esa fortuna, Koube alegó que el dinero provenía de un préstamo obtenido en la Financiera El Comercio Saeca, entidad que más tarde se transformó en Financiera Ueno y, posteriormente, en ueno bank. La Fiscalía determinó en su acusación que toda esa operación fue una simple simulación diseñada para blanquear los fondos provenientes del tráfico internacional de drogas que Koube había recibido de Sebastián Marset.
Las maniobras continuaron semanas después con el mismo esquema. El 28 de diciembre de 2021, Alberto Koube colocó otros G. 1.300 millones en un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) a nombre de una mujer. Ese dinero ingresó a la entonces financiera Credicentro, otra de las empresas que pasó a integrar el Grupo Ueno.
De acuerdo con los registros del Ministerio Público, entre noviembre y diciembre de 2021 se concretaron movimientos en IOIO Saeca, Credicentro y ueno Holdings —todas pertenecientes al Grupo Vázquez— que movilizaron fondos ilícitos por montos de entre USD 3,8 millones y USD 4,1 millones. La tesis fiscal sostuvo que estos contratos de inversión, préstamos ficticios en Credicentro y certificados de depósito servían como pantalla para dar apariencia legal a las ganancias narco de Marset, quien en ese preciso momento necesitaba mover capital con urgencia porque se encontraba retenido en Dubái.
Pese a que el propio escrito acusatorio describió cada uno de estos pasos como simulaciones destinadas al lavado de activos, el expediente no profundizó en el rol de las entidades financieras ni en sus responsables. El fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, bajo la coordinación de la fiscala adjunta de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico, Matilde Moreno, cerró la etapa investigativa logrando la condena de Alberto Koube y otros implicados, pero dejó sin explorar la ruta del dinero dentro del grupo empresarial de Vázquez.
