La representación legal de la Asociación Espíritu Santo advirtió a la Dirección General de los Registros Públicos sobre graves anomalías en el proceso de escrituración de valiosas fincas en Puerto Casado.
El abogado Gerardo Galeano, en representación de la Asociación Espíritu Santo, presentó una denuncia formal ante la titular de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), Lourdes González, alertando sobre supuestas irregularidades en la transmisión de tierras situadas en el Chaco paraguayo. La acción se enmarca en el litigio caratulado “Cusabo y otros c/ Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial”.
Según el escrito, la denuncia no solo abarca las propiedades actualmente en disputa judicial, sino también otras fincas que estarían siendo transferidas a favor de compañías con domicilio legal en paraísos fiscales. Galeano solicitó la verificación física de las transmisiones de las matrículas R03-349, padrón 1629 y1630; y R03-343 del distrito de Puerto Casado, con el fin de auditar la intervención judicial en dichos actos.
ANOMALÍA. La denuncia señala que la firma Firstar Investments Limited, radicada en las Islas Vírgenes, inició acciones para elevar a escritura pública una serie de contratos privados, varios de los cuales fueron suscriptos en el extranjero.
El punto central de la irregularidad radicaría en que la mencionada firma adquirió los derechos sobre las tierras de otra sociedad extranjera, denominada Madera Dura (Uruguay), mediante contratos celebrados fuera del país que no fueron inscriptos ante la Dirección General de los Registros Públicos, tal como lo exige la normativa vigente.
El representante legal sostiene que, en el marco del juicio, se habría omitido deliberadamente la transcripción de estos documentos por parte del juez interviniente, lo que impediría a la Dirección de Registros detectar la supuesta vulneración del derecho positivo paraguayo al momento de analizar las escrituras.
ACTOS CUESTIONADOS. Respecto a la secuencia de operaciones que derivaron en esta denuncia, el reporte entregado a Registros Públicos detalla que el proceso se inició con un contrato privado de préstamo entre la Asociación Espíritu Santo y la firma panameña Victoria Terrace.
Posteriormente, esta última habría concretado la cesión de dicho crédito a favor de la empresa uruguaya Madera Dura mediante un instrumento privado suscripto en el extranjero. A renglón seguido, se habría formalizado un acuerdo de dación en pago entre la Asociación y la referida firma uruguaya, operación que actualmente es objeto de una investigación penal con imputaciones contra los representantes de las empresas involucradas.
Por último, Madera Dura habría suscrito un contrato de compraventa de derechos sobre las fincas chaqueñas a favor de la offshore Firstar Investments Limited, con sede en las Islas Vírgenes, cerrando así la cadena de transferencias que hoy es impugnada por presuntas irregularidades en su inscripción y cumplimiento tributario.
La denuncia destaca que este último contrato privado fue celebrado en el exterior sin la inscripción obligatoria en Paraguay, conforme al Artículo 24 del Código Civil, y sin el pago de los tributos correspondientes bajo el principio de territorialidad.
Finalmente, el escrito menciona que, a pesar de la destitución de la jueza Tania Irún, la demanda de obligación de hacer escritura pública promovida por la firma extranjera contra la Asociación fue admitida, lo que motiva la urgencia del reclamo ante las autoridades registrales para evitar la consolidación de estos actos.
Es relevante recordar que la Ley de Seguridad Fronteriza establece sanciones específicas contra magistrados, escribanos y funcionarios públicos que incurran en transgresiones a sus disposiciones. Esta mención subraya la responsabilidad administrativa y penal que conlleva la tramitación de expedientes sobre inmuebles rurales situados en áreas de seguridad, especialmente ante las advertencias de posibles anomalías en la cadena de transmisiones de las tierras en cuestión.
El abogado Galeano precisó que el escrito de denuncia se encuentra respaldado por una serie de documentos adjuntos de alta relevancia institucional. Entre las instrumentales presentadas figuran un pedido de informe remitido por la Cámara de Diputados y la correspondiente respuesta de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.
Asimismo, se incluyó el manual de procedimientos vigente para la denuncia de irregularidades ante la Dirección General de los Registros Públicos y, de manera fundamental, el contrato privado suscrito entre la firma Firstar Investments Limited y la sociedad uruguaya Madera Dura, el cual constituye la pieza central de los cuestionamientos sobre la validez de la transferencia de las tierras.
