El nombramiento de Alba Cantero al frente de la Fiscalía General del Estado no estuvo exento de intensas negociaciones políticas, según los datos revelados por el periodista y abogado Osvaldo Caceres Encina. En este engranaje de poder, el presidente de Senadores, Basilio Núñez, habría jugado un papel decisivo debido a que la agente fiscal se desempeñaba desde 2018 como fiscala adjunta en el departamento de Presidente Hayes, considerado el feudo político del senador.
Para consolidar esta jugada, Bachi contó con el respaldo clave del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, una articulación legislativa que allanó el camino para que el propio presidente de la República, Pedro Alliana, baje la línea necesaria en un cargo que, por su propia naturaleza e implicancia institucional, posee un origen eminentemente político.
Este trasfondo de alianzas explica directamente la última resolución firmada por el fiscal general saliente, Emiliano Rolón Fernández, cuya decisión ha generado fuertes cuestionamientos en el ámbito jurídico, ya que la Ley Orgánica del Ministerio Público establece de manera taxativa que el titular del ente solo tiene la atribución legal de nombrar a su sucesor de forma directa en casos exclusivos de ausencia interina y no de renuncia.



