Un insólito entramado judicial y policial rodea la figura de Jin Xiaodi, un empresario multimillonario chino de 43 años que vive cómodamente en Paraguay. Pese a que el pasado 7 de octubre de 2026 el juez penal de Garantías Raúl Florentín —quien interinaba a su colega Miguel Palacios— firmó una orden formal de detención con fines de extradición, la Policía decidió congelar el procedimiento y dejar la captura en un controversial «stand by».
El acaudalado empresario se radicó en suelo paraguayo tras construir una enorme fortuna que abarca centros comerciales, aviones y múltiples granjas de criptominería, extendiendo además sus negocios hacia Brasil. Sin embargo, detrás de esa fachada millonaria se oculta un oscuro historial en su país natal. Entre abril de 2010 y octubre de 2012, Jin Xiaodi dirigió sin autorización la firma financiera Qingdao Zhuoren Inversiones en la ciudad de Pingdu, provincia de Shandong. Prometiendo rendimientos de entre el 18% y el 24% anual —un fijo del 2% mensual—, logró convocar a 352 personas y captar unos 120 millones de yuanes (equivalentes a unos 19 millones de dólares estadounidenses de esa época). El esquema colapsó el 30 de octubre de 2012, cuando un empleado de la firma, Guan Yu, llamó al inversionista Jiang Weixi para avisarle que el dinero había desaparecido y que la cadena de fondos se rompió. Ante esto, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Pingdu halló las oficinas vacías y el 5 de noviembre de 2012 abrió la investigación penal por captación ilegal de fondos, delito que en la República Popular China contempla una expectativa de hasta 10 años de cárcel.
La justicia china solicitó formalmente la extradición a través de la Misión Permanente de China ante las Naciones Unidas, la cual fue canalizada mediante la Misión Permanente de Paraguay ante el mismo organismo internacional. Tras recibir los avales de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, el juez ordenó que apenas sea capturado se lo ponga a disposición judicial de inmediato.
Sin embargo, a más de una semana de la notificación formal enviada a la Comandancia de la policía, los agentes encargados mantienen una inaudita actitud de brazos caídos. Fuentes policiales argumentan que presuntamente no cuentan con documentos oficiales para certificar con precisión absoluta la identidad del buscado. Aducen también que, al no existir relaciones diplomáticas directas entre Paraguay y China, la eventual entrega del detenido acarrearía graves trabas de procedimiento. Todo esto ocurre sin siquiera informarle formalmente de la postergación al juzgado, arrogándose potestades diplomáticas que corresponden con exclusividad al Poder Judicial.
La paradoja es aún mayor si se tiene en cuenta cómo vive hoy en Paraguay. Jin Xiaodi fue capturado el 6 de abril pasado por agentes del Departamento Control de Automotores, cuando se desplazaba en una camioneta Toyota Land Cruiser. En esa ocasión, fueron los propios policías de la base Lambaré los que confirmaron con certeza su verdadera identidad y origen. Tras el operativo, el fiscal de Luque, Orlando Paiva, le imputó por producción de documentos no auténticos, pues portaba un documento real pero con datos falsos: figuraba con el nombre de Eason Tay Jin, presuntamente nacido en Filipinas y con 39 años.
En el fuero local, el proceso quedó insólitamente caratulado con su identidad falsa (Eason Tay Jin) bajo la tutela del juez de Luque, Nelson Romero. El 18 de abril, el juez Romero le otorgó el beneficio del arresto domiciliario con control de tobillera electrónica en su lujosa residencia del condominio Rakiura Country en Luque. Por si fuera poco, el magistrado le concedió un llamativo permiso de salida laboral nocturna y de madrugada.
