El juez Rolando Duarte rechazó el recurso de reposición que presentó la defensa de Nora Lucía Lorenza Ruoti Cosp contra la providencia que había admitido su imputación por los presuntos delitos de lesión de confianza y violación del deber de llevar libros de comercio.
Con esta decisión, el magistrado ordenó además la remisión del expediente al Tribunal de Apelación en lo Penal para que estudie la apelación planteada en subsidio, lo que dejaría en suspenso la audiencia de medidas cautelares que estaba fijada para mañana.
Durante el proceso, el abogado defensor Paolo Francisco Ruffinelli sostuvo que el acta de imputación contenía vicios sustanciales que comprometían las garantías constitucionales de su representada, argumentando basándose en el artículo 302 del Código Procesal Penal (CPP) sobre los presupuestos de existencia de suficientes elementos de sospecha y la participación de una persona determinada, advirtiendo que continuar el procedimiento sin resolver estos cuestionamientos esenciales podría generar perjuicios procesales y vulnerar derechos fundamentales.
Ante estos planteamientos, el juez Duarte defendió su actuación al señalar que ya había analizado previamente las formalidades antes de admitir el requerimiento fiscal y que se cumplieron a cabalidad las exigencias de la norma, descartando la existencia de actos erróneos, omitidos o pasibles de nulidades absolutas o de saneamiento, destacando también que todas las hojas de la imputación se encuentran debidamente firmadas y que no se ha sobrepasado el límite del plazo razonable previsto en el artículo 303 del CPP, fijando correctamente la fecha del requerimiento conclusivo dentro del plazo de la etapa preparatoria según la naturaleza del hecho.
Bajo estos argumentos y tras constatar que el documento cumplió con los requisitos legales, el juez rechazó el recurso y elevó los antecedentes al Tribunal de Apelación, en un caso donde la conocida empresaria es investigada por presuntamente ocasionar un perjuicio patrimonial estimado en 1.621 millones de guaraníes en su carácter de presidenta de la firma familiar Monomisy S.A., debido a supuestos gastos espurios e impuestos no pagados.



