El juicio oral y público se encuentra en su etapa final. Hoy se llevaron a cabo los alegatos finales de la fiscalía en una causa por detentación y tráfico de armas.
Durante la jornada, al Ministerio Público le correspondió realizar los alegatos de clausura y solicitar las penas que considera proporcionales para los acusados.
La teoría del caso de la fiscalía sostiene que un grupo de personas se aprovisionaba de municiones pertenecientes al Parque de Guerra de Dimabel, las cuales luego eran distribuidas a diversas unidades militares del país.
En el juicio quedó demostrado que los proyectiles pertenecían a la armería de la Quinta División de Infantería (Chaco Paraguayo, Mayor Pablo Lagerenza). De allí eran sustraídos para ser desviados al mercado negro, un hecho de extrema gravedad, dado que este tipo de municiones suele recircular dentro de grandes organizaciones criminales.
Aunque la organización llegó a acopiar municiones extraídas por personal militar, no se logró concretar su comercialización en el mercado ilícito. Las pesquisas del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, en conjunto con la entonces Dimabel, detectaron la oferta de venta y lograron frustrarla mediante un procedimiento que dio origen a la apertura de la causa.
El Ministerio Público solicitó penas de 7 años para Miguel Freddy Florentín, 6 años para César Manuel Sanabria y 4 años para Blas Ramón Paredes, quienes continúan procesados en el juicio.
En la fase previa al debate oral, la defensa del militar señalado como proveedor planteó un incidente de doble juzgamiento, argumentando que ya había sido sancionado en el fuero de la justicia penal militar.
El Ministerio Público se opuso fundamentando su criterio jurídico y, aunque el tribunal adoptó inicialmente una postura que derivó en su desvinculación, esta resolución está siendo analizada por la fiscalía para evaluar la interposición de los recursos legales correspondientes.
El proceso judicial involucra a César Manuel Sanabria, Blas Ramón Paredes y Miguel Florentín por los supuestos hechos punibles de detentación, producción de riesgos comunes y tráfico ilícito de armas, conforme a la Ley N° 4036/10. La investigación se originó el 1 de septiembre de 2022 a raíz de la Nota DCCO Nº 588/2022, tras un trabajo de inteligencia en el que la Policía y Dimabel descubrieron que un hombre llamado Blas ofrecía cartuchos sin percutir de forma clandestina a través de Facebook. Los alegatos finales de la defensa se llevarán a cabo en el transcurso de la próxima semana.
