KIANTAR BETANCOURT RECHAZA ACUSACIONES DE LA SECTA MOON Y ASEGURA QUE EL LITIGIO DE TIERRAS FUE RESUELTO DEFINITIVAMENTE EN LA JUSTICIA

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Ante las recientes denuncias públicas realizadas por Michelle Byun y el abogado Francisco De Vargas en representación de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, conocida como la «secta Moon», el empresario Kiantar Betancourt emitió un comunicado oficial para ejercer su derecho a réplica.

En el documento, Betancourt desmintió categóricamente mantener cualquier tipo de sociedad o vínculo comercial con el señor Gonzalo Peña o su familia, señalando que las acusaciones presentadas ante el Senado carecen por completo de sustento documental. Asimismo, explicó que los proyectos de créditos de carbono se desarrollan de forma pública y regulada por la Ley N° 7190/23 para fomentar la conservación de los bosques chaqueños, aclarando que estas iniciativas operan en propiedades totalmente ajenas a las reclamadas por la organización religiosa y que los denunciantes mezclan ambos temas con intenciones de confusión.  

En relación con el conflicto territorial, el comunicado subraya que el origen del litigio se remonta a un préstamo recibido por la secta para la compra de tierras en el Chaco el cual no pudo devolver, motivando que su propia asamblea resolviera entregar dichos inmuebles a cuatro empresas como forma de pago, para luego negarse a firmar las escrituras. Dicha situación derivó en acciones judiciales iniciadas en 2014 que resultaron favorables en todas las instancias, incluyendo la confirmación en apelación en 2021 y el rechazo del último recurso por parte de la Corte Suprema de Justicia en 2024, dejando una sentencia firme. Por otro lado, el representante legal descartó cualquier vulneración a la Ley de Seguridad Fronteriza (Ley N° 2532/05), indicando que las empresas involucradas no pertenecen a países vecinos y que el propio De Vargas reconoció ante el Congreso que las firmas proceden de Chipre y las Islas Vírgenes Británicas. 

Finalmente, el escrito cuestiona la solvencia moral de los acusadores al recordar que la Fiscalía imputó a Byun y a varios directivos por un supuesto ocultamiento de bienes embargados, concluyendo que al agotarse las vías judiciales, la secta busca presionar mediante la esfera mediática y comisiones parlamentarias en un asunto de carácter privado ya resuelto por la justicia.  

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