El Ministerio Público brindó detalles exhaustivos sobre los avances en dos causas penales vinculadas entre sí: los manejos financieros de directivos y empresas relacionadas con Ueno Bank, y una investigación que compromete al expresidente Santiago Peña junto a tres exdirectivos del Banco Central del Paraguay.
Por Diana Centurión (dianacenturionm)
Los fiscales Nancy Salomón, Verónica Valdez y Francisco Cabrera explicaron que los procedimientos actuales se centran en la recolección de elementos probatorios, la reconstrucción del esquema de operaciones y la preservación precautoria de bienes para su eventual recuperación a favor del Estado.
En el marco de la causa que involucra a la ex cúpula del BCP y al exmandatario Peña, las actuaciones judiciales cobraron un ritmo acelerado tras la detención e imputación de Olger Insfram por presunta lesión de confianza. Horas después, la Fiscalía ejecutó allanamientos simultáneos en los domicilios de los exdirectivos de la entidad matriz financiera Liliana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González. Durante las intervenciones se incautaron dispositivos electrónicos y documentación relevante, quedando los tres exfuncionarios bajo custodia policial. El Ministerio Público deberá resolver su situación procesal en un plazo de 24 horas, mientras examina posibles anomalías en el ejercicio de sus atribuciones oficiales, cuyos detalles específicos de conducta aún no han sido precisados.
Por otro lado, la pesquisa sobre Ueno Bank apunta a dilucidar la concesión supuestamente irregular de créditos y autorizaciones de sobregiro masivos. La hipótesis de los agentes fiscales sostiene que una porción significativa de estos fondos fue derivada a firmas ligadas a los propios accionistas o directivos del banco, utilizándose primordialmente para la cancelación de pasivos preexistentes en lugar de destinarse a los proyectos de inversión declarados. La red de conexiones societarias se viene trazando mediante el análisis de participaciones accionarias, cruzamiento de miembros de directorios y coincidencias en domicilios fiscales, correos electrónicos y personal operativo.
La Fiscalía precisó que la investigación abarcará todas las operaciones crediticias sospechosas de gran volumen, verificando la debida diligencia y si existieron fondos provenientes del narcotráfico. Además, aclaró que los documentos hallados sobre supuestos depósitos de los exdirectivos se encuentran en peritaje, sin confirmación sobre su titularidad o montos.
En el plano patrimonial y transnacional, se llevaron a cabo operativos en establecimientos ganaderos y agrícolas de las regiones del Chaco y San Pedro, asegurando las propiedades para su posterior entrega a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, además de la localización e incautación de flotillas de vehículos de las firmas indagadas. Asimismo, se gestiona la cooperación judicial internacional tras recibir confirmación de posibles activos detectados en el extranjero, habiéndose concretado un primer contacto de coordinación con la fiscalía de Luxemburgo.
Finalmente, los fiscales remarcaron que la calificación legal actual es de carácter provisional. La ausencia momentánea de imputaciones por tipos penales más severos, como lavado de dinero o asociación criminal, no restringe la investigación de estas conductas a medida que surjan nuevos elementos. Asimismo, se confirmó que el ministro Carlos Fernández Valdovinos continúa siendo investigado en el proceso, mientras que los equipos informáticos y los teléfonos celulares incautados —entre ellos el atribuido al expresidente Peña— aguardan la correspondiente autorización judicial para la extracción formal de sus datos contenidos.
