Hace exactamente un año, en octubre de 2025, la mesa directiva de la Cámara de Senadores ya estaba al tanto de una grave acusación: funcionarios legislativos pedían auxilio tras ser forzados a entregar un porcentaje de sus salarios para conservar sus puestos, señalando directamente a la senadora Zenaida Delgado —perteneciente a Honor Colorado y tránsfuga de Cruzada Nacional— como la responsable de este esquema de aparente extorsión laboral.
Lejos de activar los mecanismos legales en aquel momento, las autoridades del Congreso optaron por el silencio y la inacción. La denuncia interna quedó durmiendo en los cajones, demostrando una preocupante complicidad por omisión ante un presunto hecho punible que afectaba directamente los derechos de trabajadores vulnerables.
Recién ahora, doce meses después y ante la presión ineludible generada por las víctimas al romper el silencio y visibilizar el caso ante los medios de prensa, el presidente del Senado, Basilio «Bachi» Núñez, reaccionó anunciando que finalmente radicarán una denuncia ante la Fiscalía.
Esta tardía reacción expone una constante preocupante en la clase política: la justicia y la decencia institucional no se activan por el deber ético o legal de proteger a los ciudadanos, sino únicamente cuando el escándalo mediático y la exposición pública arrinconan a las autoridades. Que el aparato estatal y los líderes parlamentarios solo se muevan al ritmo de las cámaras de televisión y no por las denuncias formales previas deja en evidencia que la protección corporativa prima por encima del bienestar de los funcionarios y la transparencia pública.
