Nuevas evidencias exponen el modus operandi de amedrentamiento y cobros irregulares que salpica al entorno de la senadora Zenaida Delgado. A través de su abogada y exasesora, Fátima Agüero —quien ya arrastra antecedentes por presunta estafa en la venta de cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS)—, se utilizaban intimidaciones extrajudiciales para presionar a funcionarios y asegurar el pago de abultadas sumas a cambio de la continuidad o asignación de puestos dentro del Congreso Nacional.
Entre las pruebas documentadas del caso, destaca una exigencia económica directa en la que se requería el pago de G. 100 millones a una de las funcionarias afectadas. De acuerdo con las evidencias exhibidas, el fraccionamiento de la suma se impuso bajo el esquema del pago inmediato de «50 ahora y en diciembre otro 50», dejando al descubierto el nivel de presión financiera ejercido sobre los trabajadores dependientes.
Esta revelación surge en el marco de una serie de denuncias formuladas por exfuncionarias y trabajadores del despacho parlamentario, quienes manifestaron ser víctimas de un «peaje salarial» o despojo sistemático de sus ingresos. De acuerdo con las denunciantes, los cobros oscilaban desde recortar montos mensuales directos de los salarios y bonificaciones hasta exigir abonos millonarios de entre G. 20 millones y G. 100 millones para concretar nombramientos o renovaciones contractuales en la Cámara Alta. Las afectadas señalaron además que, ante la imposibilidad de saldar los montos solicitados en efectivo, la propia senadora gestionaba créditos o préstamos para garantizar su recaudación, dejando a los trabajadores sobreendeudados.
El entramado destapado muestra la recurrencia de estas prácticas mediante mensajes continuos de acoso, solicitudes directas o indirectas a través de terceras personas y la amenaza constante de desvinculación o acciones legales. Ante la gravedad de la exposición mediática y las acusaciones recibidas, la senadora Zenaida Delgado ha calificado las denuncias como falsas, alegando que se trata de cuestiones o disputas de índole personal y anunciando medidas judiciales contra las denunciantes.
