Tres funcionarias denunciaron ante un medio radial un presunto esquema de cobro de «peajes» y venta de nombramientos en el Congreso por parte de la senadora oficialista Zenaida Delgado, exigiendo millonarios pagos de hasta G. 100 millones.
El mecanismo consistía en desviar las bonificaciones salariales mensuales de los contratados para entregarlas a la senadora en contraprestación por otorgarles los cargos.
Para los nombramientos permanentes, la legisladora exigía pagos de entre G. 20 millones y G. 100 millones, obligando a los funcionarios a tomar préstamos millonarios para cancelar la exigencia.
Las denunciantes señalan que la senadora gestionaba directamente los créditos ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Congreso, llegando incluso a firmar como codeudora.
Quienes se negaban a pagar o no completaban las cuotas sufrían la desvinculación laboral antes de cumplir los dos años de estabilidad, permitiendo reiniciar el ciclo de cobro con nuevos contratados.
Las afectadas apuntan a una posible complicidad de autoridades parlamentarias y señalan el involucramiento de Fátima Agüero —procesada por estafa en el caso IPS— como encargada de enviar intimidaciones extrajudiciales.
