El programa social Hambre Cero en las Escuelas registra una fuerte concentración de sus recursos financieros en un reducido grupo de empresas. Desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 2024, el Estado ha adjudicado en total US$ 1.060 millones entre 28 proveedores a nivel nacional, según los registros oficiales de Contrataciones Públicas.
De acuerdo con la normativa vigente, la compra de los alimentos para las instituciones educativas fue delegada a los gobernadores departamentales, con excepción de las zonas de Asunción, Central y Presidente Hayes, cuya gestión depende de licitaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Desarrollo Social.
En la actualidad, catorce de las quince gobernaciones encargadas de ejecutar este plan están administradas por integrantes del Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) y constituyen un pilar político clave para la gestión presidencial. En conjunto, estas catorce administraciones departamentales gestionan un presupuesto de US$ 614 millones, del cual ya han adjudicado US$ 598 millones. La distribución de este dinero revela que el 43% de los fondos de las gobernaciones coloradas fue a parar a manos de apenas dos empresas proveedoras.
Las gobernaciones que manejan los montos más elevados dentro del programa son Alto Paraná, encabezada por César “Landy” Torres, con US$ 126,7 millones; San Pedro, bajo la gestión de Freddy D’Ecclesiis, con US$ 85,3 millones; y Caaguazú, dirigida por Marcelo Soto, con US$ 82,3 millones.
La firma Ladero Paraguayo SA, representada legalmente por Osvaldo Jean Pujol, Cándido da Silva y otros, se ubica como la mayor beneficiaria en la gestión de las gobernaciones coloradas, al asegurar US$ 165,7 millones, cifra que representa el 27,7% del total repartido por los gobiernos departamentales en seis regiones del país. Por su parte, la proveedora Blanca Nieves Rodríguez Braun figura en el segundo puesto global con US$ 91,4 millones, equivalente al 15,3%, monopolizando las contrataciones en tres departamentos del norte del territorio nacional: Canindeyú con US$ 43 millones, Amambay con US$ 27,8 millones y Concepción con US$ 20,7 millones.
El listado de las firmas con mayores adjudicaciones en las gobernaciones se completa con la empresa Charlot con US$ 59,5 millones; Grupo Belmac con US$ 44,7 millones; Grupo Altair con US$ 41,6 millones; Ingenio Campo Verde con US$ 36,9 millones; y Distrisur con US$ 27,6 millones. Este esquema muestra que en la mitad de los departamentos gobernados por el oficialismo un único proveedor abarca la totalidad del servicio de alimentación escolar: Ladero Paraguayo SA opera de forma exclusiva en Paraguarí y Caazapá; Rodríguez Braun en Canindeyú y Amambay; Grupo Belmac en Misiones; Grupo Altair en Alto Paraguay; y Granos y Aceites en Boquerón.
Paralelamente, fuera del ámbito departamental, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) otorgó contratos por un valor global de US$ 390,8 millones para cubrir la alimentación en las escuelas de Asunción, Central y Presidente Hayes. En esta franja estatal, la firma Comepar (vinculada a Miguel “Miki” Cardona) lidera ampliamente la prestación con un total de US$ 257 millones adjudicados.
