Hay situaciones que indignan por partida doble: la primera, cuando quien debe velar por la seguridad ciudadana se convierte en la principal amenaza del barrio; la segunda, cuando el aparato policial y judicial se encarga de acomodar las cosas para que el uniforme pese más que la ley.
Lo ocurrido en el barrio Mburucuyá de Asunción no es solo un episodio de irresponsabilidad al volante, es la radiografía exacta de la prepotencia y el privilegio con el que se mueven algunos efectivos.
El protagonista de este lamentable espectáculo fue el oficial Gabriel Alcaraz, de 36 años. Tras culminar su jornada laboral, el agente no tuvo mejor idea que ponerse al mando de su vehículo tras un consumo evidente de alcohol —evidenciado por la llamativa cantidad de botellas esparcidas en el interior del auto—. Maniobrando de forma temeraria, terminó estrellándose contra el cordón de la vereda sobre la calle Fuerte Bordón casi Ybytymi, rozando una tragedia de proporciones al casi atropellar a una familia que circulaba pacíficamente por el lugar.
Pero la irresponsabilidad no terminó con el volantazo. En lugar de asumir la gravedad de sus actos y actuar con la mínima decencia que exige su cargo, Alcaraz descendió del vehículo para embestir verbalmente a las víctimas. Con una prepotencia alarmante, amenazó de muerte a las personas a las que casi arrolla minutos antes, amparándose en la típica soberbia del que cree que la placa policial le otorga inmunidad diplomática para delinquir y amedrentar.
El colmo del cinismo llegó con el procedimiento policial. Acudieron al sitio efectivos de la Comisaría 10.ª —casualmente, la misma sede donde presta servicios el denunciado— y, como era de esperarse en el manual del corporativismo policial, se activó el protocolo del blindaje amigo. El oficial se negó rotundamente a realizar la prueba de alcotest, una maniobra mañosa para no dejar registro formal de su estado de ebriedad, y las autoridades en el lugar lo consintieron sin mayores sobresaltos.
El resultado de semejante atropello a la ciudadanía fue una detención «de compromiso» que duró apenas seis horas. Seis tristes horas de retención para quien casi destruye a una familia, amenazó de muerte y se burló de las leyes que él mismo juró hacer cumplir. El agente volvió plácidamente a su casa a descansar, dejando su vehículo retenido como un mero trámite administrativo y con una simple citación fiscal para el lunes.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de depurar una institución donde la lealtad de camaradas parece estar por encima de la vida de los ciudadanos. Mientras la Fiscalía no actúe con mano dura y Asuntos Internos siga funcionando como un filtro de tibia complicidad, la ciudadanía seguirá a merced de quienes confunden el servicio público con una licencia para la impunidad.
Fuente: Ultima Hora
