CORRUPCIÓN DE UENO SALPICA A LA POLICÍA: MIGUEL VÁZQUEZ TENÍA CUSTODIÓ POLICIAL PERMANTENTE Y PAGABA A POLICÍAS POR «ASESORÍAS» Y «GUARDIAS ESPECIALES»

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La cárcel de la ex-Tacumbú alberga hoy a Federico Miguel Vázquez, ex-CEO del Grupo Vázquez y exvicepresidente primero de Ueno Bank, pero lo que sale a la luz sobre sus privilegios que tenía hasta hace poco estremece los cimientos del sistema de seguridad nacional.

Lejos de ser un ciudadano común, Vázquez disfrutaba de protección policial exclusiva desde noviembre de 2020, un blindaje de Estado gestionado a la medida de su influencia tras un supuesto intento de robo agravado y amenazas denunciadas cuando vivía sobre la calle Itá Yvate casi Luis Alberto de Herrera, en la ciudad de Luque. Aquel episodio activó a la Unidad Fiscal N.º 4 de Luque, a cargo de la entonces fiscal Sandra Ledesma, quien solicitó formalmente el resguardo que daría luz verde a una red de favores y custodias paralelas que operó durante años bajo las narices de las autoridades.

El engranaje de esta protección tenía nombres y rostros muy concretos, como el del suboficial mayor Derlis Francisco Gómez Silvero, de 38 años, perteneciente al Departamento Motorizada y señalado como el hombre de confianza y sombra de Vázquez. Lejos de patrullar las calles para la ciudadanía, Gómez actuaba como su guardaespaldas personal y hasta como transportador de grandes caudales del Grupo Vázquez, manejando millonarias sumas entregadas sin documentos respaldatorios que luego distribuía según las órdenes del emporio empresarial. Su historial revela que ya integraba la Agrupación de Seguridad al mando del comisario principal Atilio Bazán cuando comenzó a prestar servicios al empresario en 2019, hasta que el 4 de noviembre de 2020 el Departamento Jurídico policial avaló el comisionamiento oficial. Con los años, los movimientos continuaron con su traslado a la Agrupación Especializada en 2023, aunque los archivos de Talento Humano revelaron un detalle escandaloso: la resolución oficial de comisionamiento firmada por el comandante de turno jamás existió, lo que confirma que el agente era comisionado mediante tratos directos y órdenes de jefes de turno.

A esta red se sumaba un desfile de uniformados asignados a comisarías con jurisdicción en las propiedades del Grupo Vázquez y residencias de sus accionistas, quienes aprovechaban sus horas de guardia para cuidar los bienes privados de los magnates a cambio de «regalitos» mensuales que oscilaban entre los G. 2.000.000 y G. 2.500.000. El entramado de pagos también salpicó a las altas esferas de la institución policial, como al comisario principal Diosnel Alarcón, jefe del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen y Hechos Punibles Informáticos, quien aparecía con una asignación mensual de G. 10.000.000 girada por el Grupo Vázquez, un monto que el oficial justificó asegurando que se trataba de honorarios legales por charlas y asesoramientos a empleados para prevenir fraudes informáticos en su calidad de docente.

El escándalo, que se destapa en medio de la profunda investigación por el vaciamiento del banco Ueno, sacude a todo el aparato estatal y ya provocó que el comandante César Silguero derive todos los antecedentes irregulares directamente a la Dirección de Asuntos Internos para una investigación a fondo. Mientras tanto, las esquirlas de este colapso financiero e institucional no paran de golpear las más altas esferas de la República, arrastrando la destitución y el juicio político del presidente Santiago Peña —hoy recluido en la prisión militar de Viñas Cue— y la caída de los exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, Liana Caballero Krauze, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González Maldonado, además del superintendente de Bancos Holger Insfrán, en una trama donde la justicia intenta desenredar los hilos de una protección que parecía intocable.

Fuente: ABC Digital 

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