EL NEPOJUEZ QUE MANDÓ A PEÑA A UN HOTEL Y DESPUÉS SE LAVÓ LAS MANOS

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Se llama Humberto Otazú, es juez de Delitos Económicos y tenía a su cargo la causa más grande de los últimos años: el desfalco del Ueno Bank, Santiago Peña y la cúpula del Banco Central. Y es el retrato perfecto de cómo funciona el poder en Paraguay: el que juzga está rodeado por los mismos a quienes debería juzgar.

Según denunció el senador Rafael Filizzola la esposa de Otazú trabaja en Yacyretá y su hijo en la Itaipú. Justamente las dos binacionales cuyos fondos terminaron en Ueno Bank y cuyos directivos están bajo la lupa de la investigación fiscal.

Filizzola también dijo que Otazú es compadre de la diputada colorada Rocío Abed, del oficialismo, y esposa del director de la Itaipú binacional Justo Zacarías. Es decir: el magistrado que tenía que decidir sobre Peña, Carvallo y otros imputados tiene a su familia metida en las dos cajas que pusieron plata en el banco quebrado.

A la par de esto, la vida que lleva no es la de un funcionario judicial cualquiera. En redes y en publicaciones como la de este medio, se lo señaló viajando al costoso Mundial de los EE. UU. con toda la familia, mientras el paraguayo común no puede pagar ni la cuota de su casa. Esa es la postal del nepo juez: familia entera acomodada en el Estado y vida de privilegios.

Otazú fue el que dictó prisión preventiva a Santiago Peña, pero no lo mandó a una cárcel común, lo mandó al Regimiento Escolta Presidencial, donde Peña no estuvo preso, estuvo alojado. Después se supo lo que había ahí adentro: una suite presidencial con baño privado, aire acondicionado, sala de estar, oficina, sala de reuniones convertida en gimnasio privado con caminadora y pesas, es decir, un hotel, no un reclusorio.

Otazú había dicho tras enviarlo al Escolta Presidencial que estaba que era una habitación chica, con humedad, con un catre viejo, pero las fotos y los hechos lo desmintieron. Tanto fue el escándalo, que el presidente Alliana tuvo que destituir al comandante del Regimiento y otro juez, Osmar Legal, ordenó el urgente traslado de Peña al penal militar de Viñas Cué.

Con los directivos del BCP hizo algo parecido, pero al revés: a Carlos Carvallo, Holger Insfrán, Marco Aurelio González y Miguel Ángel Mora los mandó a la Agrupación Especializada. Los cuatro juntos, en una misma habitación que antes era para descanso policial, comunicados entre sí, en el mismo lugar, en la misma causa, pudiendo hablar de todo lo que pasó y trazar estrategias para exculparse mutuamente.

Marco Aurelio González se había entregado el viernes 13, pero Otazú dictó su prisión preventiva y, después, recién después, se acordó de que tenía un problema familiar. El lunes 16 se inhibió del caso y argumentó que tenía “motivos de índole familiar de público conocimiento”. ¿Cuál era el motivo? Que la prima hermana de su esposa está casada con el hermano de Marco Aurelio González. O sea, el exdirector del BCP es cuñado de la prima de su consorte.

Tenemos entonces a un juez que vivía rodeado de su familia en el Estado, que juzgó a los poderosos como si fueran sus invitados, y cuando ya no pudo sostenerlo, se inhibió y dejó la causa en manos de otro. Mientras tanto, la gente que perdió sus ahorros en Ueno sigue esperando justicia.

Y como lo diría el extinto profe Pablo Herken, duele decirlo, pero hay que decirlo.

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