La abogada Alba Zaracho presentó la apelación contra la sentencia que condenó al exsenador. El escrito cuestiona la prescripción de uno de los hechos, la valoración de las pruebas y la fundamentación de la pena.
Zaracho presentó el recurso de apelación contra la Sentencia Definitiva N.º 499, que condenó a Hernán Rivas a ocho años de prisión. En el escrito, la defensa solicita la absolución del exsenador o, subsidiariamente, la anulación de la sentencia y la realización de un nuevo juicio.
Uno de los argumentos planteados por Zaracho es que uno de los hechos atribuidos a Rivas habría prescrito antes de la presentación de la denuncia, el 19 de octubre de 2023. Según el escrito, el plazo de tres años venció el 3 de junio de ese año. La defensa cuestiona que el tribunal haya considerado que la inmunidad parlamentaria suspendió el cómputo de la prescripción.
La abogada también sostiene que la sentencia no precisó adecuadamente las conductas atribuidas al exsenador y que incluyó hechos que, según el recurso, no fueron planteados por el Ministerio Público en la acusación.
Otro cuestionamiento se refiere a la valoración de las pruebas. La defensa alega que el tribunal invirtió la carga probatoria y objeta el uso de información sobre los antecedentes académicos de Rivas, así como de opiniones públicas sobre sus apariciones y dificultades para expresarse. Según el escrito, esos elementos no fueron incorporados al juicio.
Zaracho afirma, además, que las resoluciones legislativas que designaron a Rivas como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, junto con el acta de juramento, no acreditan por sí mismas que el exsenador sea abogado.
El recurso también cuestiona que el silencio del acusado durante el juicio haya sido valorado en su contra y sostiene que la sentencia le atribuyó declaraciones que, según la defensa, nunca realizó.
En relación con la pena, la abogada objeta la aplicación de la agravante de hecho especialmente grave y el método utilizado para determinar la sanción. El escrito señala que se habrían repetido argumentos para justificar la pena y cuestiona que los votos de la mayoría partieran de criterios diferentes para calcularla.
La defensa también cuestiona que se haya considerado como agravante la inscripción de un título en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), pese a que, según el recurso, ese aspecto no fue debatido durante el juicio.
Por último, Zaracho sostiene que la sentencia no tuvo en cuenta las consecuencias personales de la condena. Con base en estos cuestionamientos, solicita la absolución de Rivas o, como alternativa, que se anule la sentencia y se realice un nuevo juicio.
