La Corte Suprema de Justicia omitió entregar el informe final sobre la intervención a la Dirección de Estadísticas Judiciales y la Sección de Estadística Civil, enviando únicamente el reporte de auditoría tras un pedido de acceso a la información pública.
El pedido de información fue ingresado el 18 de agosto. A pesar de que el plazo legal de 15 días hábiles venció el 9 de septiembre, la Corte respondió de forma parcial recién el 22 de ese mes, remitiendo el caso a la Secretaría Judicial Nº 1 a cargo del interventor, Dr. Julio Pavón.
A casi dos meses de la solicitud inicial, el documento completo sigue sin entregarse, bajo la gestión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministro Alberto Martínez Simón, superintendente de la dependencia afectada.
La intervención fue dispuesta el 11 de marzo tras detectarse graves falencias vinculadas a la «mafia de los pagarés». Anteriormente, una auditoría del periodo febrero-octubre de 2025 reveló fallas en el control interno, falta de trazabilidad, carencia de procedimientos claros y alto riesgo de daños a terceros en los registros de los Juzgados de Paz de Capital.
A pesar de las irregularidades detectadas por la auditoría, la directora general de Estadísticas Judiciales, Fabiana López Baruja (con un salario de G. 19.285.000), y la jefa de la Sección Civil, Gladys Monges (con G. 11.457.191), continúan ejerciendo sus cargos.
Fuente: observapy
